Por F. Xavier Agulló. "La organización Jus Semper Global Alliance de EEUU ha propuesto recientemente la creación de una Autoridad Reguladora de las Corporaciones Transnacionales (WTNCRA, en inglés). El WTNCRA sería un organismo autónomo con presupuesto de las Naciones Unidas y con el mandato de llevar a cabo investigaciones a petición de terceros y por propia iniciativa.
Los objetivos del WTNCRA serían que las empresas rindan cuentas a la sociedad civil por el impacto de su actividad, así como los gobiernos para regular las prácticas comerciales, velar para que las empresas transnacionales respeten los derechos humanos, ambientales, laborales y otros acuerdos pertinentes, y aceptar los informes de violaciones de las autoridades públicas o la petición y si hay un caso de responder, presentar una acusación ante la Corte Penal Internacional" (texto extraído de ComunicaRSE).
Tema interesante donde los haya. Desde hace ya tiempo vengo pensando en cómo las veedurías son una interesante vía para el escrutinio de la RSC de los agentes sociales y por lo tanto el fomento de territorios socialmente responsables. Más aún si como en la propuesta de Jus Semper Global Alliance se señala que es una iniciativa de la sociedad civil, como debe ser una veeduría ciudadana, aunque apunten el auspicio de la ONU, que le quita carácter ciudadano y le da más tono corporativo, al estilo de otras veedurías como observatorios o asociaciones de consumo.
El WTNCRA tomaría iniciativa ante alegaciones de gobiernos, ONG registradas y petición pública, se supone que de un grupo de personas individuales. Luego se iniciaría un proceso de investigación. En la evaluación tomaría como mínimos de contraste los diez principios del UN Global Compact.
La iniciativa es sin duda interesante, en un mundo global con corporaciones globales que no entienden de fronteras, tiene que existir algún tipo de escrutinio de la actuación responsable de las organizaciones. La cuestión es que limitarlo a empresas me parece muy miope. Es habitual que todo el mundo exija RSC a las empresas, y se olvide de llevar a cabo su propia responsabilidad social, incluso a nivel individual. Es pues como un órgano de este tipo tendría mucho más sentido si es posible que tome escrutinio de todo agente social, incluida de hecho la propia ciudadanía de cada territorio.
La actuación de esta veeduría generaría incentivos o premios a los agentes socialmente responsables, y castigo o frenos a los irresponsables, partiendo de la base que no se parte de mínimos legales necesariamente, sino mínimos éticos o socialmente responsables. Ahí en cualquier caso podrían aparecer las discrepancias de 'interpretación'. Pero herramientas hechas con suficiente participación como la ISO 26000, las AA1000, la SGE 21 o el propio Pacto Mundial de las NU son en principio un interesante punto de partida para la evaluación de la veeduría que se propone.
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