Por F. Xavier Agulló. La justicia es la virtud social por excelencia. Aristóteles afirma que la justicia universal representa la suma de virtudes en las relaciones sociales. Hoy en España hemos perdido alguna de esas virtudes.
Aunque hacía meses que se venía cociendo, no es menos doloroso el día que efectivamente se produce. En el día de hoy el parlamento español ha limitado la actuación de la Audiencia Nacional en materia de jurisdicción universal a los casos en los que existan víctimas españolas o en los que los responsables del delito se encuentren en España.
Ello implica que para que la justicia española pueda actuar en abusos a derechos humanos o delitos internacionales a partir de ahora, serán necesarias dichas condiciones. Es cierto que la justicia universal había provocado algunos excesos por parte de algún juez mediático, pero no es menos cierto que ninguno de los casos era ilegítimo.
Lo más triste es que el parlamento español aprobó dicho retroceso legal por amplia mayoría. Está claro que priman los intereses diplomáticos y económicos a los sociales. Afirma la clase política que ha aprobado una reforma legal que disminuye la protección legal de la Humanidad entera, no sólo la española, que de esta forma se armoniza con los sistemas legales de los países de nuestro entorno. Cierto es que pocos países del mundo tenían en sus legislaciones la jurisdicción universal, pero ello era una virtud y no un defecto, una de esas virtudes que ahora se han perdido.
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