Por Carlos Javier Delgado León. Después de que la Plenaria del Senado Colombiano le diera su visto bueno al proyecto de ley 031 de 2007 (326 de 2008 en Cámara), con el cual se pretendía establecer la obligación para las grandes y medianas empresas de redactar y publicar anualmente informes sobre su gestión social y ambiental -entre otras cosas-, di por sentado que en un futuro no muy lejano, pese a los groseros defectos y vacíos de los que adolecía, éste habría de convertirse en ley.
No obstante, varias semanas atrás me llegó una noticia que me dejó doblemente sorprendido: cuando el proyecto fue recibido por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes (Diputados) para continuar con su trámite legislativo, sus ponentes presentaron informe de ponencia negativa, con lo cual quedó condenado al archivo.
Como puede ser evidente, la primera sorpresa a la que hago alusión en el párrafo anterior, fue justamente que el proyecto hubiera sido calificado negativamente y en consecuencia archivado por parte de quienes conforman la Comisión Primera de la Cámara; pues como lo dije, daba por sentada la futura –y poco eficiente, al menos en los términos en que estaba redactado el proyecto- existencia de la ley. Lo hacía por cuanto asumí desde el comienzo –con un desmedido prejuicio, es cierto-, que la iniciativa estaba signada, más por un mero sentido seudopopulista –sit venia verbo- (“está de moda, quedamos bien, ¡Aprobado!”), que por un verdadero convencimiento de lo que la Responsabilidad Social Empresarial puede ofrecerle a una sociedad como la colombiana. Eso por una parte, y por otra, que el tema de la RSE ha pasado a estar tan pero tan presente de un tiempo para acá en el discurso del Gobierno Nacional, al punto de ser calificada por el propio Presidente de la República como uno de los tres pilares en que se sostiene su política de gobierno, que dado el apoyo mayoritario con que todavía cuenta en la legislatura, francamente no le veía vuelta de hoja al asunto. Pero bueno, ya ven, como lo dice el borracho en “Pedro Navajas”: “La vida te da sorpresas; sorpresas te da la vida”.
Sin embargo, la decisión como tal no me sorprendió tanto como lo hizo el argumento principal que la orientó, pues todos cuantos fueron expuestos pueden resumirse en una misma cosa: la RSE es voluntaria, por lo que hacerla obligatoria mediante una ley es ir en contra de su propia esencia.
Ok, hasta ahí bien, no soy yo quién para refutar lo que ya se ha vuelto un concepto generalizado, por más ontológicamente confuso que sea; pero… ¿Dónde decía el proyecto de ley que la RSE –entendida por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y las entidades por ella consultadas conforme a lo expuesto en el Libro Verde- iba a volverse obligatoria? Yo leo y releo el proyecto, y sigo entendiendo algo muy diferente.
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Proyecto de ley sobre informes de RSE en Colombia: una ley que ya no fue
Enviado por
F. Xavier Agulló
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miércoles, 18 de febrero de 2009
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