Por F. Xavier Agulló. Por fin se constituyó el 'esperado' Consejo Estatal de RSE en España, como órgano multiskakeholder que debe promover la RSC, perdón, la RSE en el país.Lo cierto es que todo comentario que he podido leer hace referencia a eso, a la E, quedándose de momento por el camino las A de administraciones públicas, las I de individual, las O de organizaciones no gubernamentales o las U de universidades, como las M de medios de comunicación, etc.
Parece que la RSC tenga que ser algo sólo de empresas, y que debamos sentarnos a dialogar en ese Consejo sobre eso, aunque sea con buenas voluntades como promover la competividad empresarial.
Alguien debería decirles a quienes han promovido este órgano que la competividad de las empresas no depende de una política económica que sólo se base en el sector de la construcción, como han promovido los ávidos poderes públicos, que a la par de proporcionarles durante 20 años crecimientos económicos y creación de empleo, también han llenado las arcas de los partidos políticos y alguno que otro particular.
Alguien debería decirles que sin unos medios de comunicación responsables, que simplemente están en España al servicio de poderes políticos y económicos muy concretos, que no sean correas transmisoras entre los agentes sociales (empresariales o no) y la ciudadanía, no hay efecto motor que valga (y no sirve que por un día un ministro diga que hay que consumir productos españoles). ¿Por qué deben ser responsables las empresas si quienes les compran no lo son? ¿Dónde está y quién promueve institucionalmente un consumo responsable entre la ciudadanía?
Alguien debería decirles que sin el auténtico tractor que significaría el despliegue real de la nueva ley de contratos del sector público, en lo que a cláusulas sociales se refiere (el sector público significa el 18% del PIB español de forma directa, e indirectamente cerca del 40%), no hay empresas responsables que valgan. El sector público debe predicar con el ejemplo.
Alguien debería decirles a los sindicatos que sin incluir en los convenios colectivos el cumplimiento de la ley de inserción de personas discapacitadas, que lleva 25 años de incumplimiento, no hay responsabilidad social que se pueda pedir a las empresas si ellos mismos se niegan a promover la integración. Ni que decir sobre la transparencia de los sindicatos...
Alguien debería decirles a las ONG/OSC que el Consejo debe servir para algo más que para captar fondos, que ya hay algunos leales a la receta clásica que se frotan las manos.
En fin, que el Consejo debería servir para promover la corresponsabilidad y los territorios socialmente responsables, no sólo con la E sino con acentos en las otras vocales también, sino sólo servirá para promover el sector del canapé.
Es de esperar que con la creación del consejo, si bien el mismo no presenta un adecuado equilibrio de fuerzas en cuanto a su representación, las ONG que han demostrado tener un claro liderazgo en el activismo promocional de la RSC y su constante demanda al sector público, puedan manifestar y lograr que se vean traducidas sus demanda en recomendaciones de actuacion socialmente responsable para la Administración, y poder sentar precedentes de la regulación que haga falta al respecto.
ResponderEliminarSin duda Carolina no parece a priori que vayamos tan mal. Ciertamente las últimas iniciativas acaso nos hagan ver más luz que sombras en el sector público, la última el ingreso por parte de Jáuregui de una iniciativa parlamentaria para fomentar en primer lugar la RSC dentro de la propia AAPP, desarrollando por ejemplo la cobertura legal que de las cláusulas sociales hace la nueva ley de contractos del sector público español. Esperemos a ver pues.
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