Por Martín R. Santos. Argentina está ceñida, desde hace ya un par de meses, en una discusión que en la voz de la gente se reduce a “Gobierno versus campo”.
Ese reduccionismo no achica el problema, pues coloca en el cuadrilátero, por un lado, a la estructura de poder con mayor legitimidad en los últimos diez años, representada por la presidenta Cristina Fernández y por su marido, el ex presidente Néstor Kirchner; y por otro, al sector económico más influyente en la historia del país, el mismo que lo colocó hace sesenta años entre uno de los más prósperos por exportar alimentos cuando la guerra y el hambre arremetían en Europa.
El tema es que esa discusión sobre las altas retenciones (móviles, de acuerdo al precio del mercado) a las exportaciones de soja ha repercutido y mucho, no sólo sobre la economía sectorial, sino también sobre el derecho de trabajo de quienes, sin comerla ni beberla, han sufrido perjuicios por el block out del sector agrícola ganadero, que cortó las rutas más importantes de Argentina durante semanas.
Uno de las áreas afectadas fue la del transporte (cuyo poder patronal es también inmenso), cuyos representantes han decido protestar contra la protesta. ¿Y qué medio eligieron? El mismo; el corte de rutas a nivel nacional. Suena tan ilógico que parece mentira: “cortamos las rutas porque si siguen cortando las rutas no podemos trabajar>>>
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