Por Martín R. Santos. La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley 2.594 que fija el marco jurídico del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental (BSRA), con el objeto de promover el comportamiento social y ambientalmente responsable y sustentable por parte de las organizaciones comprendidas.La primera particularidad que presenta la letra de dicha norma está dada porque se presenta a sí misma como "voluntaria" y propone que, por excepción, será obligatoria para las empresas que tengan más de 300 personas empleadas y a su vez tengan un ingreso anual superior al fijado por la Resolución SEPyME Nº 147/06.
Según esta última resolución, serán obligadas las compañías que superen, de acuerdo al sector económico en el que se encuentre su actividad, los montos que se detallan a continuación (en pesos / valor de referencia: 1€ = $3,8):
* para el sector agropecuario, $18.240.000.
* para la industria y la minería, $60.000.000.
* para el comercio, $88.800.000.
* para los servicios, $22.440.000.
* para la construcción, $24.000.000.
Aplicación
Vemos así, un doble ámbito de aplicación:
1) En cuanto a las empresas que se sometan voluntariamente a estos postulados, "podrán obtener beneficios promocionales, establecidos por vía reglamentaria, relacionados con acceso a créditos y programas especiales, incentivos para la innovación tecnológica y otros que establezca la autoridad de aplicación", según indica el artículo número 3.
2) Respecto a las que deban reportar obligatoriamente, deberán hacerlo de forma anual ante el Gobierno de la Ciudad, quien luego dispondrá su publicación para que el balance sea de libre acceso al público en general.
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