Cláusulas sociales en la compra pública: motor de la RSC

Por F. Xavier Agulló. Las compras públicas representan el 16% del PIB de la Unión Europea. Por ello, el Ayuntamiento de Madrid sigue los compromisos de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en 2002 y en esta línea aprobó en julio de 2005 el Código de Buenas Prácticas ambientales en materia de Contratación Local.

El documento establece una serie directrices básicas para introducir en los pliegos de contratación de obras, suministros, gestión de los servicios públicos y asistencias técnicas criterios ambientales que minimicen el impacto sobre el medio ambiente.

La contratación sostenible es una herramienta para implicar a las empresas en la sostenibilidad. “Priorizar a empresas con etiquetas ecológicas o certificados medioambientales como la ISO 14.000 o el Reglamento EMAS; valorar el uso de energías renovables y de sistemas de ahorro de agua; considerar la presencia de sistemas integrados de gestión de envases, son ejemplos de criterios ambientales a tener en cuenta”.

Las exigencias a la contrata pueden ir más allá: suministro de papelería y mobiliario elaborados a partir de productos reciclados; licitadores con programas de mantenimiento acústico de los vehículos y con tecnologías y combustibles menos contaminantes, y adjudicatarias de obras que asuman la responsabilidad sobre la gestión de los residuos y la minimización de los ruidos durante el proceso de construcción.

Estos son algunos datos hechos públicos en la Primera Jornada sobre Contratación Pública Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.

Las cláusulas sociales en la compra pública representan uno de los principales motores para la creación de Territorios Socialmente Responsables, por cuanto permiten extender la RSC por medio de incentivos y no de regulaciones.

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