Por F. Xavier Agulló. Hace ya tiempo que tengo un cierto rebote por la vista gorda del gobierno español ante la flagrante discriminación laboral que está empezando a padecer el colectivo fumador. Baste sólo ver portales de empleo para encontrar multitud de demandas en la que se solicita "no fumador" (para más inri con sexismo incluido).
Por fin hoy un representante de la Organización Internacional del Trabajo ha hablado claro, ante la denuncia de 'formas incipientes' de discriminación. 'Hunt resaltó que existen "manifestaciones incipientes" de exclusión laboral como la predisposición genética a sufrir determinadas enfermedades o las condiciones de vida "poco saludables", entre las que se incluyen la obesidad o la adicción al tabaco.'
En el puesto de trabajo no hay que fumar, ¡faltaría más! ¿Pero porqué obligar a las empresas a eliminar los espacios para fumar que tenían ya habilitados? Con ello obligan a quién fuma a salir a la calle, multiplicando el tiempo necesario y con ello los estudios que calculan cuanto dinero pierde la empresa con ello (no cuentan, claro está, el tiempo que tarda mucha gente en ir más veces al WC, a navegar por internet, ligotear con compañías de trabajo, o salir a desayunar).
No olvidemos que la propia Unión Europea se ha mostrado públicamente contraria a discriminar laboralmente al colectivo fumador. De hecho, incluso el propio gobierno español ha reconocido que es ilegal.
¿Por qué entonces un gobierno, que debería ser responsable y evitar la discriminación laboral, crea él solito otro colectivo con riesgo de exclusión sin ningún tipo de medida correctora? ¿Incompetencia u odio irracional? Ambas.
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