Por Carolina Herrero. La instancia para dirimir situaciones que involucren un comportamiento de dudosa ética por parte de empresas multinacionales es una herramienta de actual escasa utilidad, pero ¿por qué?Una de las inconsistencias de la actitud de un gobierno es adherirse voluntariamente a iniciativas internacionales y luego no comprometer su accionar para garantizar que las mismas sean cumplidos en el país. En este caso, me refiero a las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico (OCDE) para empresas multinacionales.
Estas directrices de carácter voluntario enuncian principios y normas para regular la conducta empresarial responsable, en terrenos como publicación de información, empleo y relaciones laborales, medio ambiente, lucha contra la corrupción, intereses de las personas consumidoras, entre otros.
Los mismos, fijan la necesidad de que cada país que se adhiera debe establecer un Punto Nacional de Contacto (PNC) quien será encargado de dar a conocer los derechos que tiene la sociedad civil a presentar quejas e instancias específicas sobre empresas multinacionales con actividades poco éticas. Pero claro, si los gobiernos no dan a conocer esta figura (la del PNC) y como se debe desarrollar el procedimiento de presentación de dicha instancia, para que el PNC pueda actuar como mediador en el proceso entre quién denuncia y la multinacional denunciada, de poco sirven los banderines que agitan los gobiernos en señal de su adhesión a principios.
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